Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina

TL;DR

El impacto de la inversión pública en la educación y la salud en Argentina se mide en trayectorias escolares completas, expectativa de vida y movilidad social. Cuando el Estado se retira, esas variables se deterioran y la desigualdad se cristaliza. Este artículo revisa datos, historia reciente y horizontes de política pública.

Un piso común: por qué la inversión pública no es un gasto

En el debate económico argentino de los últimos años, una operación discursiva se repite con obstinación: presentar la inversión pública en educación y salud como un "gasto" que hay que podar. La palabra no es inocente. Nombrar como gasto lo que en rigor es inversión —en capital humano, en productividad futura, en cohesión social— habilita después el recorte sin costo político aparente. Sin embargo, las series históricas muestran otra cosa: los períodos de mayor crecimiento con equidad en la Argentina coinciden con etapas de expansión de la escuela pública y del sistema sanitario estatal.

Desde Ramón Carrillo y la construcción del sistema sanitario peronista, hasta la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 que fijó el piso del 6% del PBI para educación, la evidencia es consistente. Cuando el Estado invierte, la sociedad se vuelve más productiva y menos desigual. Cuando se desfinancia, aparecen los cuellos de botella: pibes que abandonan, hospitales que no reponen insumos, docentes que hacen doble turno para llegar a fin de mes.

La pregunta correcta, entonces, no es cuánto cuesta sostener escuelas y hospitales, sino cuánto cuesta no hacerlo. Y ahí los números son elocuentes: cada punto del PBI que se retira de estas áreas se paga después en informalidad, en enfermedades evitables, en pérdida de capacidades productivas de largo plazo.

La educación pública argentina: una construcción histórica en disputa

La escuela pública argentina es probablemente la institución más igualadora que produjo el país. Desde la Ley 1420 de 1884 hasta la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 en 2006, se construyó un sistema que —con todas sus deficiencias— logró algo que pocos países de la región consiguieron: escolarización primaria prácticamente universal y una expansión sostenida del nivel medio y superior.

El salto cualitativo de la última década y media está documentado. La cobertura del nivel inicial creció fuertemente tras la obligatoriedad de sala de 4, sancionada en 2014. La universidad pública, gratuita y de acceso irrestricto, sumó nuevas casas de estudio en el conurbano bonaerense y el interior, acercando la educación superior a poblaciones que históricamente estaban excluidas. La creación de universidades como Avellaneda, Moreno, José C. Paz o Arturo Jauretche no fue un capricho: fue política de Estado con impacto medible en las tasas de acceso.

Esa arquitectura hoy está bajo presión. La licuación de partidas por inflación, el freno a la obra pública escolar, la parálisis en la entrega de netbooks del Plan Conectar Igualdad y el conflicto abierto con las universidades nacionales configuran un retroceso que, si se consolida, va a tener consecuencias generacionales.

• Cobertura del nivel inicial: expansión sostenida tras la obligatoriedad de sala de 4.
• Universidades nacionales: crecimiento territorial con impacto en primeras generaciones universitarias.
• Programas como Progresar y becas estudiantiles: sostén material para trayectorias completas.
• Conectar Igualdad: dispositivos como puente a la alfabetización digital.

Salud pública: del hospital público al sistema fragmentado

El sistema de salud argentino es, en rigor, tres sistemas superpuestos: el subsector público (hospitales y centros de atención primaria financiados por Nación, provincias y municipios), la seguridad social (obras sociales sindicales y PAMI) y el privado (prepagas y clínicas). Esta fragmentación —que Ginés González García llamó alguna vez "el problema estructural"— genera desigualdades de acceso enormes, pero también hace que el subsector público funcione como red de contención universal.

Un dato central: alrededor de un tercio de la población argentina depende exclusivamente del hospital público para su atención sanitaria. En algunas provincias del NOA y NEA, esa proporción es aún mayor. Cuando se recorta en salud pública —cuando se desfinancia el Ministerio, cuando se paraliza la compra de vacunas, cuando se desmantelan programas como el Remediar—, esos millones de personas quedan sin red.

La pandemia mostró con crudeza tanto las capacidades como las carencias del sistema. La respuesta sanitaria argentina, con todas sus imperfecciones, se apoyó en una infraestructura pública que existía porque décadas de decisiones políticas la habían construido. Los hospitales modulares de emergencia, la ampliación de camas de terapia intensiva, la campaña de vacunación masiva: nada de eso hubiera sido posible sin capacidad estatal previa.

Los números del ajuste: qué pasa cuando el Estado se retira

Durante 2024, según información difundida por diversos medios especializados en base a ejecución presupuestaria, las partidas destinadas a educación y salud sufrieron caídas reales significativas por efecto de la licuación inflacionaria y la subejecución deliberada. El presupuesto universitario, tras meses de conflicto y dos marchas federales masivas, quedó muy por debajo de la paridad con la inflación acumulada.

En salud, el escenario incluyó demoras en la compra de vacunas del calendario obligatorio, discontinuidad en programas de entrega de medicamentos para enfermedades crónicas y ajuste sobre el personal del Ministerio. Organizaciones como el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) y el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV han documentado la magnitud de estos recortes con lecturas contrastantes según la fuente, pero coincidentes en la tendencia general.

El argumento oficial —que el ajuste era inevitable y que "no había plata"— omite una discusión central: qué se prioriza cuando hay restricciones. Sostener el pago de intereses de deuda al costo de desfinanciar el Hospital Garrahan es una decisión política, no una necesidad técnica. Como argumentaba Axel Kicillof durante su gestión como ministro de Economía, y luego Emmanuel Álvarez Agis y otros economistas del campo heterodoxo, la macro no es un dato de la naturaleza: es una construcción de decisiones distributivas.

El caso universitario: un conflicto que atraviesa la sociedad

Las dos marchas federales universitarias de 2024 fueron probablemente las movilizaciones más masivas y transversales de los últimos años. Lo que se puso en juego no fue solamente el salario docente o el presupuesto de funcionamiento: fue la idea misma de universidad pública, gratuita y de calidad como derecho y no como mercancía.

La universidad pública argentina tiene características singulares en el contexto regional: acceso irrestricto (sin examen de ingreso en la mayoría de las carreras y unidades académicas), gratuidad plena en el grado, y un sistema científico —CONICET, universidades, institutos— integrado que produce conocimiento con reconocimiento internacional. Esta arquitectura no es gratuita ni casual: es el resultado de casi ochenta años de política pública sostenida, con avances y retrocesos.

El ataque al sistema universitario y científico —los despidos en CONICET, la parálisis presupuestaria, la campaña discursiva contra investigadores y docentes— tiene un objetivo estructural: desarmar la capacidad soberana de producir conocimiento propio. Un país sin ciencia y sin universidad es un país condenado a comprar tecnología afuera, a exportar commodities y a importar valor agregado. La ecuación es política, no técnica.

Educación popular: más allá del aula tradicional

Cuando hablamos de educación pública no nos referimos únicamente al sistema formal. La tradición de la educación popular en América Latina —de Paulo Freire a Simón Rodríguez, de las escuelas de fábrica peronistas a los bachilleratos populares actuales— aporta una dimensión que el debate técnico suele soslayar: la educación como práctica de liberación y no como mero entrenamiento para el mercado laboral.

Los bachilleratos populares, las escuelas de gestión social, los espacios de formación en fábricas recuperadas y organizaciones territoriales cumplen una función que el sistema formal muchas veces no puede: llegar a poblaciones expulsadas, sostener trayectorias interrumpidas, articular saberes académicos con saberes comunitarios. La inversión pública en estos espacios —a través de convenios, reconocimiento de títulos, financiamiento— multiplica su alcance.

Desde una perspectiva de justicia social, integrar estas experiencias al sistema educativo público no es una concesión: es una manera de expandir el derecho a la educación hacia quienes fueron dejados fuera. La política educativa progresista tiene que combinar defensa del sistema formal con reconocimiento de estas otras pedagogías.

Salud, territorio y atención primaria

El sistema sanitario argentino tiene una asignatura pendiente histórica: el fortalecimiento real de la atención primaria de la salud (APS). El modelo hospitalocéntrico, con enorme peso en la alta complejidad y menos en la prevención, genera ineficiencias y desigualdades territoriales. Cada peso invertido en APS —según literatura internacional bien establecida, incluidos informes de la OPS— rinde múltiples veces más que el invertido en atención hospitalaria de alta complejidad para las mismas patologías.

Programas como el Remediar, que garantizaba provisión gratuita de medicamentos esenciales en centros de salud, o el Plan Nacer / Sumar, que fortalecía la cobertura materno-infantil, son ejemplos de política pública con impacto medible. Su desmantelamiento o debilitamiento no se traduce inmediatamente en catástrofe visible, pero deteriora indicadores en el mediano plazo: tasa de mortalidad infantil, cobertura de vacunación, control de embarazos.

La dimensión federal es central. Un chico de Salta o de Formosa no puede tener menos derechos sanitarios que uno de la Ciudad de Buenos Aires. La inversión nacional en salud tiene una función redistributiva y de nivelación federal que, cuando se abandona, agrava las desigualdades regionales preexistentes.

Financiamiento: de dónde salen los recursos

La pregunta incómoda que la ortodoxia siempre elude es la del financiamiento. ¿De dónde saldrían los recursos para sostener y expandir la inversión pública en educación y salud? La respuesta progresista tiene varias capas.

Primero: reforma tributaria progresiva. Argentina tiene una estructura impositiva que descansa fuertemente en tributos regresivos como el IVA, mientras que la imposición al patrimonio y a la renta financiera está subdesarrollada. Recuperar herramientas como el Aporte Solidario y Extraordinario (el llamado "impuesto a la riqueza" de 2020) o gravar efectivamente la renta financiera son decisiones políticas viables.

Segundo: control del comercio exterior y captación de renta. La renta agraria, minera e hidrocarburífera —bienes comunes de la Nación— puede ser fuente de financiamiento genuino para políticas de desarrollo, como demostró la experiencia de las retenciones móviles y otros esquemas.

Tercero: renegociación de la deuda. Los intereses que se pagan al FMI y a acreedores privados detraen recursos que podrían destinarse a inversión social. La discusión sobre soberanía económica es inseparable de la discusión sobre financiamiento educativo y sanitario: no hay política pública ambiciosa sin margen fiscal soberano.

La Ley de Financiamiento Educativo de 2005 mostró un camino: comprometer por ley un piso de inversión (6% del PBI en su caso) como política de Estado que trasciende gobiernos. Extender esa lógica a la salud, con metas de inversión pública explícitas y auditables, sería un paso concreto.

Horizonte: qué política pública para los próximos años

Mirar hacia adelante exige no quedarse en la defensa del statu quo. La educación y la salud públicas argentinas necesitan más recursos, sí, pero también transformaciones. En educación: fortalecer la extensión de la jornada, mejorar salarios docentes de manera sostenida, integrar herramientas digitales con criterio pedagógico (no como fetiche), revisar contenidos para articular saberes universales con realidades locales.

En salud: avanzar hacia una mayor integración del sistema fragmentado, fortalecer la APS, garantizar producción pública de medicamentos (la experiencia de laboratorios estatales provinciales y de la ANLAP muestra el potencial), y sostener una política de recursos humanos que retenga profesionales en el sistema público, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

En ambos casos, la clave es la misma: entender que educación y salud no son ítems del presupuesto sino la infraestructura material del contrato social argentino. Sin escuela y hospital públicos, la promesa de movilidad social e igualdad de oportunidades se convierte en cáscara vacía.

La disputa de los próximos años no va a ser solamente presupuestaria. Va a ser una disputa de sentido: si aceptamos que educación y salud son mercancías que se compran según capacidad de pago, o si sostenemos que son derechos que el Estado debe garantizar de manera universal. Cómo se resuelva esa pregunta va a definir qué clase de país es la Argentina en las próximas décadas.