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Educación en derechos humanos: pilar democrático en Argentina

Educación en derechos humanos: pilar democrático en Argentina
Educación en derechos humanos: pilar democrático en Argentina

Por qué hablamos de educación en derechos humanos

Cuando en 1984 la CONADEP entregó el informe Nunca Más, Argentina inauguró una promesa que excede al Poder Judicial y a la política de memoria stricto sensu: la promesa de que las próximas generaciones sabrían. Sabrían qué había pasado, por qué había pasado y qué instituciones hacían falta para que no volviera a pasar. Esa promesa se cumple, o no, en el aula.

La educación en derechos humanos (EDH) es el conjunto de contenidos, prácticas pedagógicas y marcos normativos que hacen del sistema educativo una escuela de ciudadanía democrática. No se trata solamente de enseñar la última dictadura cívico-militar: implica trabajar género, diversidad, pueblos originarios, derechos económicos y sociales, y el derecho a tener derechos, en la formulación clásica de Hannah Arendt.

Hablar hoy de educación en derechos humanos como un pilar para la democracia en Argentina obliga a discutir el presente. Los discursos que relativizan el terrorismo de Estado, que reivindican la "teoría de los dos demonios" en versión recargada o que directamente reivindican a los represores, ya no son marginales. Circulan en redes, en el Congreso y —lo más grave— en algunas gestiones educativas provinciales.

El marco legal: de 1983 a la Ley de Educación Nacional

El andamiaje normativo argentino en materia de EDH es robusto, aunque poco conocido fuera del sistema. La Constitución reformada en 1994 incorporó con jerarquía constitucional una decena de tratados internacionales de derechos humanos (art. 75 inc. 22), que operan como piso mínimo para cualquier política pública, incluida la educativa.

La Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006, establece explícitamente entre sus fines "brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos". No es una declaración lírica: fija contenidos obligatorios en todo el país.

A eso se suman:

  • La Ley 25.633 (2002), que instituye el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006), que aborda derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de derechos humanos.
  • La Ley 26.485 de protección integral a las mujeres (2009) y la Ley Micaela (2019), que obligan a la formación en género en todos los niveles del Estado.

Este entramado no cayó del cielo. Fue producto de décadas de trabajo de Madres, Abuelas, HIJOS, organismos de derechos humanos y de una política estatal que —con matices— acompañó desde el alfonsinismo y se profundizó en el ciclo kirchnerista. Como recuerda Kicillof en varios de sus escritos sobre economía política, no hay derechos sin Estado que los garantice.

Memoria, aula y transmisión intergeneracional

El aula es, junto con la sobremesa familiar, el principal dispositivo de transmisión intergeneracional de lo que una sociedad decide recordar. La pregunta pedagógica no es si enseñar la dictadura, sino cómo. Las efemérides vaciadas de contenido, el acto escolar como trámite, la fotocopia del Nunca Más sin discusión, producen el efecto inverso al buscado: memoria congelada, ritual sin pregunta.

El Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, creado en 2006, produjo durante casi dos décadas materiales pedagógicos de calidad: cuadernillos para docentes, la colección Pensar la dictadura, trabajos sobre Malvinas desde una perspectiva soberana y no militarista, y propuestas para abordar el Holocausto y otros genocidios. Muchos de esos materiales siguen disponibles y son referencia obligada.

El trabajo de Marcelo Brodsky en Buena memoria o los ensayos de Elizabeth Jelin sobre trabajos de la memoria muestran que la transmisión no es automática: requiere mediación, requiere adultos dispuestos a incomodarse, requiere tiempo escolar. Y ese tiempo, hoy, está bajo presión.

Los datos: qué sabemos sobre la formación ciudadana

Los indicadores duros sobre EDH son escasos, pero hay pistas. El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) de la IEA, en el que Argentina participó, muestra que los estudiantes argentinos tienen niveles de conocimiento cívico en torno al promedio latinoamericano, con una fuerte valoración de la democracia como sistema, pero con dudas crecientes sobre su eficacia para resolver problemas concretos.

Ese dato dialoga con encuestas de Latinobarómetro que, en los últimos años, muestran un debilitamiento del apoyo incondicional a la democracia en toda la región, incluida Argentina. Alrededor de un tercio de los jóvenes latinoamericanos se declara indiferente entre un régimen democrático y uno autoritario si "resuelve los problemas". Ese porcentaje era mucho menor en los años noventa.

La correlación no es causal, pero es sugerente: donde la EDH se debilita, el consenso democrático se resiente. No alcanza con enseñar las instituciones formales; hay que enseñar por qué existen, contra qué se construyeron, qué pasa cuando no funcionan.

Ajuste, motosierra y currícula: la disputa actual

El gobierno nacional actual ha desfinanciado áreas clave del Ministerio de Educación, discontinuado programas de formación docente en géneros y derechos humanos, y promovido una narrativa que iguala a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. La disolución del Programa Educación y Memoria y los recortes al Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) son parte del mismo movimiento.

A esto se suma el ajuste sobre el conjunto del sistema. Sin salarios docentes dignos, sin infraestructura, sin comedores escolares que funcionen, la EDH se vuelve un lujo que muchas escuelas no pueden sostener. La disputa por la memoria es, también, una disputa presupuestaria. Discutir inversión pública en educación es discutir qué democracia queremos.

Algunas provincias resisten. Buenos Aires sostiene el Programa Jóvenes y Memoria coordinado por la Comisión Provincial por la Memoria, que involucra a miles de estudiantes secundarios cada año en investigaciones sobre pasado reciente y presente comunitario. Es uno de los dispositivos de EDH más potentes que produjo la Argentina democrática.

Qué hacer: agenda mínima para la próxima década

Una política de EDH robusta requiere sostener y ampliar lo construido. No hay recetas mágicas, pero sí prioridades:

  • Recomponer el Programa Educación y Memoria nacional con presupuesto propio y equipos técnicos estables, articulando con Espacios de Memoria (ex ESMA, Virrey Cevallos, Automotores Orletti).
  • Formación docente continua en derechos humanos, ESI y ley Micaela, con licencia paga y no como carga adicional del tiempo personal.
  • Producción de materiales actualizados que incorporen derechos económicos, sociales y culturales, no sólo derechos civiles y políticos.
  • Vinculación con organizaciones de la sociedad civil: Abuelas, CELS, APDH, Serpaj, universidades públicas.
  • Evaluación seria de aprendizajes cívicos, no para rankear escuelas sino para orientar política pública.

Y, sobre todo, defender la escuela pública como espacio común. Los debates sobre soberanía o sobre derechos laborales pierden sentido si la próxima generación no tiene herramientas para dar esos debates.

El horizonte: democracia sustantiva, no formal

Zaffaroni suele repetir que el derecho penal es la última ratio, no la primera. Con la democracia pasa algo parecido: no alcanza con votar cada dos años. La democracia sustantiva —esa que incluye derechos sociales, económicos, culturales, ambientales— se construye en el trabajo cotidiano de las instituciones, y de manera muy particular en la escuela.

La educación en derechos humanos no garantiza que no vuelva a pasar. Nada lo garantiza. Pero es la mejor herramienta que tenemos para que, si algo empieza a pasar, haya ciudadanos y ciudadanas capaces de reconocerlo, nombrarlo y frenarlo. Ese es el sentido profundo del "Nunca Más": no una fórmula ritual, sino una tarea permanente.

A cuarenta años de la recuperación democrática, la pregunta ya no es si la democracia argentina sobrevivió. Sobrevivió. La pregunta es si va a profundizarse o si va a vaciarse. Y esa respuesta, en gran medida, se escribe con tiza.

Fuentes citadas

  1. Ley de Educación Nacional 26.206 — Marco normativo que establece derechos humanos como fin del sistema educativo argentino.
  2. Comisión Provincial por la Memoria — Organismo autónomo bonaerense que coordina el Programa Jóvenes y Memoria y sostiene archivos clave.
  3. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) — ONG histórica en litigio y producción de conocimiento sobre derechos humanos en Argentina.
  4. Latinobarómetro — Encuesta regional que releva apoyo a la democracia y valores cívicos en América Latina.
  5. Abuelas de Plaza de Mayo — Organismo que impulsa desde hace décadas materiales pedagógicos sobre memoria e identidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué se entiende por educación en derechos humanos?
Es el conjunto de contenidos, prácticas y políticas que forman a estudiantes y docentes en el conocimiento, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Incluye memoria del terrorismo de Estado, género, diversidad, derechos sociales y formación ciudadana.
¿Es obligatorio enseñar derechos humanos en las escuelas argentinas?
Sí. La Ley de Educación Nacional 26.206 lo establece como fin del sistema educativo, y leyes específicas como la ESI (26.150) y la Ley Micaela (27.499) fijan contenidos obligatorios en distintos niveles y ámbitos del Estado.
¿Qué pasó con el Programa Educación y Memoria?
Creado en 2006 en el Ministerio de Educación de la Nación, produjo materiales pedagógicos de referencia sobre dictadura, Malvinas y Holocausto. La actual gestión nacional lo desfinanció y disolvió sus equipos, aunque muchos materiales siguen disponibles y en uso en las provincias.
¿Qué es el Programa Jóvenes y Memoria?
Es una iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires que involucra cada año a miles de estudiantes secundarios en investigaciones sobre pasado reciente y problemas de su comunidad. Culmina en un encuentro colectivo en Chapadmalal.
¿Cómo impacta el ajuste presupuestario en la educación en derechos humanos?
El recorte sobre salarios docentes, infraestructura y programas específicos reduce el tiempo y los recursos para trabajar EDH. Sin condiciones materiales, los contenidos formales quedan reducidos a efemérides sin discusión pedagógica real.
¿Dónde puede formarse un docente en derechos humanos?
En institutos de formación docente, universidades públicas, cursos de la Comisión Provincial por la Memoria, del CELS, de Abuelas de Plaza de Mayo y de organismos internacionales como el IIDH. Muchas propuestas siguen siendo gratuitas y con puntaje docente.