Soberanía alimentaria en Argentina: por qué es clave para el futuro

Qué entendemos por soberanía alimentaria

El concepto de soberanía alimentaria fue acuñado por el movimiento internacional Vía Campesina en 1996, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma. A diferencia de la seguridad alimentaria —que se limita a garantizar que haya comida disponible— la soberanía alimentaria plantea una discusión política más profunda: quién produce los alimentos, con qué tecnología, en qué tierras, para qué mercados y bajo qué condiciones laborales.

En términos operativos, hablamos de la capacidad de un país para definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias sin quedar sometido a las reglas del mercado global, a los precios de las commodities de Chicago o a los intereses de un puñado de corporaciones transnacionales que controlan el comercio de granos, semillas y agroquímicos. Es, en el fondo, una discusión sobre soberanía política llevada al terreno más básico de la vida cotidiana: el plato de comida.

Para la tradición nacional-popular argentina, esta discusión no es nueva. Ya en los años del primer peronismo, con el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), el Estado intervino activamente en la comercialización de granos para desacoplar los precios internos de los internacionales y garantizar el abastecimiento del mercado interno a precios accesibles. Aquella experiencia, con sus aciertos y límites, sigue siendo una referencia obligada.

La paradoja argentina: exportar para 400 millones, con hambre puertas adentro

Argentina es una potencia agroalimentaria. Según datos del Ministerio de Economía y del INDEC, el país produce alimentos suficientes para abastecer a alrededor de 400 millones de personas, casi diez veces su población. Y, sin embargo, la pobreza medida por el INDEC en el primer semestre de 2024 superó el 52%, con una indigencia que trepó por encima del 18%. Esa cifra, la más alta en dos décadas, marca la paradoja central de nuestro modelo agroexportador.

No se trata de un problema de producción, sino de distribución y de precios. Cuando el precio de la carne, el pan o los lácteos en la góndola argentina se rige por el valor internacional del novillo, del trigo o de la leche en polvo, el salario en pesos de un trabajador argentino compite en desventaja con la demanda de China, la Unión Europea o el sudeste asiático. Es lo que en los años setenta Aldo Ferrer y, más recientemente, Axel Kicillof describieron como el problema estructural de una economía primarizada.

La consecuencia práctica es cruel: en el país del asado, el consumo de carne vacuna per cápita cayó a niveles históricamente bajos, según registros del IPCVA. En el país del trigo, familias enteras dependen de comedores comunitarios. Esta contradicción no se resuelve con más producción: se resuelve con más Estado regulando la cadena.

El modelo sojero y sus límites estructurales

Desde mediados de los años noventa, con la introducción de la soja transgénica y el paquete tecnológico asociado (siembra directa, glifosato, semillas patentadas), Argentina consolidó un modelo de agricultura industrial de altísima productividad y baja generación de empleo. Hoy, según datos del Ministerio de Agricultura, la soja y sus derivados representan alrededor de un tercio de las exportaciones totales del país.

Este modelo tiene virtudes innegables en términos de ingreso de divisas, pero también costos que rara vez se contabilizan en el debate público:

• Concentración de la tierra: según el último Censo Nacional Agropecuario, el número de explotaciones agropecuarias se redujo drásticamente en las últimas tres décadas, mientras crecía el tamaño promedio de las que quedan.
• Desplazamiento de la agricultura familiar y campesina, que produce buena parte de los alimentos frescos que consumimos.
• Dependencia de insumos importados (semillas, agroquímicos, maquinaria) que presiona sobre la balanza comercial cada vez que hay que importar.
• Impactos ambientales y sanitarios documentados en zonas de fumigación, sobre los que hay literatura académica creciente.

Discutir soberanía alimentaria implica, entonces, discutir también qué producimos. No se trata de demonizar la soja ni de proponer un retorno romántico al campo del siglo XIX, sino de preguntarse por qué el Estado no orienta la matriz productiva hacia una mayor diversificación: legumbres, hortalizas, frutas, producción avícola y porcina, lácteos, economías regionales.

El rol del Estado: de las retenciones a la mesa

Un Estado que renuncia a regular la producción y el comercio de alimentos es un Estado que decide, por omisión, que el precio de la comida en Argentina sea el mismo que en Rotterdam. Las retenciones a las exportaciones agrícolas, más allá de su función fiscal, cumplen históricamente un rol clave: desacoplar precios internos e internacionales.

Durante los gobiernos kirchneristas, herramientas como la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), los fideicomisos del trigo, los acuerdos de precios y programas como Precios Cuidados intentaron —con resultados dispares— sostener el poder adquisitivo del salario frente a la presión exportadora. La experiencia demostró dos cosas: que la intervención estatal puede efectivamente moderar precios, y que sin coordinación con toda la cadena (productores, industria, distribución, supermercadismo) los resultados son parciales.

Desde diciembre de 2023, con el desmantelamiento de la Secretaría de Comercio Interior, la eliminación de programas de control de precios y la liberalización total de las exportaciones, esa arquitectura estatal quedó prácticamente desactivada. Los efectos sobre el bolsillo popular son visibles en cualquier ticket de supermercado. Como discutimos en nuestro análisis sobre inversión pública, la retirada del Estado no es neutral: siempre beneficia a los sectores más concentrados.

Agricultura familiar, campesina e indígena: la trama olvidada

Cuando se habla de soberanía alimentaria en América Latina, la referencia obligada es la agricultura familiar, campesina e indígena. En Argentina, según registros del ex Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAF) y organizaciones como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), este sector representa la mayoría de las unidades productivas del país y aporta una porción significativa de los alimentos frescos que llegan a las mesas: verduras, frutas, huevos, lácteos artesanales, miel.

Sin embargo, es un sector históricamente invisibilizado en la política pública. La Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014, fue un avance importante, pero su implementación quedó a mitad de camino por falta de presupuesto y voluntad política sostenida. Programas como el ProHuerta del INTA, los mercados de la agricultura familiar y las ferias populares muestran que existen alternativas concretas y escalables.

Apostar por este sector no es nostalgia: es estrategia. Cada peso invertido en agricultura familiar genera más empleo por hectárea, más arraigo rural, más diversidad productiva y precios más accesibles en las ciudades cercanas. Es, además, una política de ordenamiento territorial: frena el vaciamiento del interior y la concentración urbana en el AMBA.

Semillas, patentes y el debate sobre la propiedad intelectual

Un eje central —y muchas veces olvidado— de la soberanía alimentaria es el control sobre las semillas. Quien controla la semilla, controla la producción. En las últimas décadas, un puñado de corporaciones globales (Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva) concentró la propiedad intelectual sobre las semillas transgénicas y los paquetes tecnológicos asociados.

En Argentina, el debate sobre la reforma de la Ley de Semillas viene desde hace más de una década. Los proyectos que buscaron ampliar los derechos de las corporaciones sobre las semillas —limitando el derecho ancestral de los productores a guardar semilla propia para la siguiente campaña— encontraron resistencia en organizaciones campesinas, científicas del CONICET y sectores del movimiento nacional. La discusión sigue abierta.

La alternativa existe: fortalecer al INTA, a las universidades nacionales y al sistema público de investigación agropecuaria para desarrollar variedades adaptadas a cada región, con biodiversidad, sin dependencia de royalties externos. Es una discusión estratégica que se conecta directamente con la defensa de los derechos laborales y productivos del sector agrario.

Cambio climático, agua y horizonte 2030

La discusión sobre soberanía alimentaria no puede separarse de la crisis ambiental. Las sequías cada vez más frecuentes en la región pampeana —la de 2022-2023 fue una de las peores de la historia según datos del SMN y de la Bolsa de Cereales— muestran la fragilidad de un modelo monocultivo altamente dependiente del clima.

Diversificar la matriz productiva, proteger los humedales, planificar el uso del agua, promover sistemas agroecológicos y proteger los bosques nativos no son demandas de ONGs internacionales: son condiciones materiales para que Argentina siga produciendo alimentos en las próximas décadas. La Ley de Bosques (26.331), la Ley de Glaciares (26.639) y los acuerdos internacionales asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París son herramientas que necesitan financiamiento y control real.

El horizonte 2030 marcado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU —hambre cero, producción y consumo responsables, acción climática— no se alcanza con mercado. Se alcanza con planificación estatal, con inversión pública en ciencia y tecnología, y con articulación regional. La integración latinoamericana en materia alimentaria, especialmente en el marco del Mercosur, es una tarea pendiente y estratégica.

Qué hacer: una agenda mínima para la próxima década

Pensar la soberanía alimentaria como política de Estado exige salir del diagnóstico y avanzar en propuestas concretas. Sin pretender agotar la agenda, algunas líneas de trabajo aparecen como impostergables:

• Restablecer una autoridad estatal fuerte de comercio interior, con capacidad de intervenir en cadenas de valor concentradas (carne, lácteos, harinas, aceites).
• Recuperar y fortalecer los programas de agricultura familiar, con acceso a la tierra, crédito subsidiado, asistencia técnica del INTA y canales de comercialización directa.
• Discutir seriamente una reforma tributaria rural que grave la renta extraordinaria de la tierra y financie infraestructura productiva para las economías regionales.
• Sostener el sistema público de ciencia y tecnología agropecuaria (INTA, CONICET, universidades) frente a los intentos de desfinanciamiento.
• Ampliar programas de consumo popular: mercados de cercanía, ferias, compras estatales a productores locales para comedores escolares y hospitales.
• Avanzar en una ley integral de envases y etiquetado que garantice información transparente al consumidor.

Ninguna de estas medidas es revolucionaria en el sentido épico del término. Son, más bien, sentido común productivo, herramientas que en distintas versiones existen en Francia, en Brasil, en Canadá, en tantos países que decidieron que la comida no puede ser una mercancía cualquiera. Como recordaba Perón, gobernar es, entre otras cosas, dar de comer.

Un debate que recién empieza

La soberanía alimentaria no es un tema de nicho para ambientalistas o para militantes campesinos. Es una discusión central sobre qué país queremos ser. En un contexto global de guerras, crisis climática, disputa por los recursos naturales y reconfiguración geopolítica, garantizar la capacidad de decidir qué comemos —y qué comen nuestros hijos— es una condición mínima de cualquier proyecto nacional serio.

El desafío es enorme y las fuerzas que se oponen son poderosas: corporaciones globales, grandes exportadores, cadenas de supermercados concentrados, medios que reproducen el sentido común del mercado. Pero también son enormes las herramientas disponibles: un sistema científico-tecnológico de calidad, una tradición cooperativa fuerte, organizaciones campesinas y de consumidores organizadas, universidades públicas y una sociedad que, aún golpeada, sabe que el hambre en el granero del mundo es una obscenidad histórica.

El futuro alimentario de Argentina no se decide en Chicago ni en Wall Street. Se decide, o debería decidirse, en el Congreso, en los ministerios, en las cooperativas, en las ferias, en las mesas familiares. Volver a poner al Estado en el centro de esa decisión es la tarea de esta década.