La lucha por la igualdad de género en Argentina: agenda pendiente

Una historia de conquistas construidas desde abajo

Hablar de la lucha por la igualdad de género en Argentina es hablar de un recorrido largo, tejido por generaciones de mujeres y disidencias que empujaron al Estado a reconocer derechos que antes eran privilegios masculinos. Desde el voto femenino conquistado en 1947 durante el primer peronismo, pasando por la Ley de Cupo Femenino de 1991 —pionera en la región—, hasta la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020, hay un hilo conductor: la movilización popular como motor de la ampliación de derechos.

Ese hilo no es lineal ni pacífico. Cada conquista fue precedida por años de organización, escraches, plazas llenas, pañuelazos y debates parlamentarios donde el feminismo debió confrontar con sectores conservadores enquistados en el poder político, económico y eclesiástico. El movimiento Ni Una Menos, que estalló el 3 de junio de 2015, sintetizó esa acumulación histórica y le dio escala masiva: transformó lo que era considerado un problema privado —la violencia machista— en una cuestión de Estado.

Como señala la tradición del pensamiento nacional-popular, los derechos no se ruegan, se conquistan. Y en Argentina esa consigna encontró en el movimiento de mujeres una de sus expresiones más potentes de las últimas décadas.

Las brechas que persisten: datos incómodos

Las conquistas normativas no borraron las desigualdades materiales. Según datos del INDEC, la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina se mantiene en torno al 25-27% cuando se comparan ingresos totales, y persiste incluso entre trabajadores con calificaciones similares. Las mujeres están sobrerrepresentadas en la informalidad y subrepresentadas en los puestos de decisión empresarial.

A esto se suma la carga desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo mostró que las mujeres dedican aproximadamente el doble de horas que los varones a estas tareas, un trabajo invisibilizado que sostiene el conjunto de la economía y que rara vez aparece en las cuentas nacionales.

Estos indicadores no son abstractos. Se traducen en pobreza feminizada, en jubilaciones más bajas, en dependencia económica que muchas veces es la puerta de entrada a situaciones de violencia. Como recordamos en derechos laborales en tiempos de crisis económica, cuando el ajuste golpea, golpea primero y más fuerte a los sectores más vulnerabilizados.

Violencia machista: una emergencia sostenida

Los femicidios en Argentina se mantienen en niveles alarmantes desde que existen registros sistemáticos. El Observatorio de la Corte Suprema releva cada año alrededor de 250 víctimas de femicidios directos y vinculados, cifra que se sostiene con oscilaciones desde 2015. Es decir: aproximadamente una mujer asesinada cada 30 horas.

Detrás de cada caso hay una trama: denuncias previas ignoradas, órdenes de restricción incumplidas, patrocinios jurídicos inexistentes, refugios saturados. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009, ofrece un marco robusto en el papel, pero su implementación depende de presupuesto, capacitación y voluntad política.

La Ley Micaela (27.499), que obliga a la capacitación en género a todo el personal del Estado, fue un paso enorme en esa dirección. Pero necesita continuidad institucional. Sin políticas públicas sostenidas:

• Los patrocinios jurídicos gratuitos se caen.
• Los programas de acompañamiento territorial se desfinancian.
• Las líneas de atención se saturan.
• Los refugios cierran o funcionan con presupuestos irrisorios.

El desmantelamiento libertario y el retroceso como programa

En diciembre de 2023, una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue disolver el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019. La decisión fue presentada como un ajuste administrativo, pero funciona como declaración política: el Estado se retira de la agenda de género y la considera un asunto ideológico prescindible.

El programa Acompañar, que asistía económicamente a mujeres en situación de violencia para que pudieran salir del hogar violento, fue reformulado y recortado. Las capacitaciones bajo Ley Micaela se desactivaron en múltiples reparticiones. El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género quedó sin ejecución efectiva. Este vaciamiento coincide con un discurso oficial que ridiculiza el feminismo, niega la brecha salarial y presenta la perspectiva de género como "batalla cultural" del enemigo.

El problema, como bien advirtieron economistas como Axel Kicillof y Eduardo Basualdo al analizar ciclos anteriores de ajuste, es que cuando el Estado se retira, no aparece el mercado a resolver: aparece la desprotección. Y en materia de violencia machista, la desprotección se cuenta en vidas. La discusión sobre inversión pública en educación y salud es la misma discusión de fondo: qué rol le asignamos al Estado en la garantía de derechos.

Educación, memoria y perspectiva de género

La Educación Sexual Integral (ESI), sancionada por Ley 26.150 en 2006, es una de las herramientas más poderosas para construir igualdad desde la infancia. Enseña sobre cuerpo, afectos, consentimiento, diversidad y prevención de violencias. Es también uno de los blancos preferidos del reaccionarismo, que la caricaturiza para desactivarla.

Defender la ESI es defender un piso civilizatorio. Los estudios del Ministerio de Educación mostraron consistentemente que en escuelas donde se implementa con seriedad, mejora la detección temprana de abusos, disminuye el bullying por orientación sexual y aumenta la información sobre salud reproductiva. Como argumentamos en educación en derechos humanos, no hay democracia plena sin ciudadanía formada en igualdad.

La perspectiva de género también atraviesa la memoria. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron —son— pioneras de un feminismo popular que puso el cuerpo cuando todo el mundo callaba. Reconocer esa genealogía es parte de sostener la lucha hoy.

Igualdad de género y proyecto de país

Hay quienes presentan la agenda de género como un capricho de clase media urbana. Es una operación política. La desigualdad de género atraviesa a todas las clases, pero se ensaña con las mujeres pobres, migrantes, indígenas, trans, campesinas. La soberanía alimentaria, por ejemplo, no puede pensarse sin reconocer que son mayoritariamente mujeres quienes sostienen la agricultura familiar y las ollas populares en los barrios.

Un proyecto nacional-popular sin perspectiva de género es un proyecto incompleto. Perón lo entendió cuando impulsó los derechos políticos de las mujeres junto a Eva. Néstor y Cristina Kirchner lo entendieron cuando ampliaron derechos civiles con el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, esta última reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas del mundo, tal como destacó ONU Mujeres.

La igualdad de género no es un tema sectorial: es una dimensión estructural de la justicia social. No hay redistribución del ingreso sin redistribución del trabajo de cuidados. No hay soberanía sin autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y proyectos de vida. No hay democracia sin representación paritaria efectiva.

Agenda pendiente: qué disputar en los próximos años

La lucha por la igualdad de género en Argentina tiene desafíos concretos que exigen acción política inmediata. Enumerar algunos ayuda a bajar la agenda a lo tangible:

• Reconstruir la institucionalidad de género: recuperar rango ministerial o al menos una autoridad de aplicación con presupuesto propio y jerarquía política.
• Sistema Nacional Integral de Cuidados: avanzar en un sistema que reconozca, redistribuya y remunere el trabajo de cuidados, discutido durante la última gestión pero nunca convertido en ley.
• Implementación plena de la IVE: garantizar acceso efectivo en todas las provincias, especialmente donde persisten objeciones de conciencia institucionales.
• Paridad real: pasar de la paridad legislativa a la paridad en el Poder Ejecutivo, en el Judicial y en los directorios de empresas públicas.
• Presupuesto con perspectiva de género: sostener y profundizar la metodología de etiquetado presupuestario que permite auditar cuánto invierte realmente el Estado en cerrar brechas.

Nada de esto se logra sin movilización. La historia argentina reciente demuestra que las plazas llenas siguen siendo el mejor mecanismo para poner límites al retroceso. La marea verde no fue casualidad: fue construcción paciente, discusión colectiva, alianza intergeneracional. Ese método sigue vigente.

Defender la igualdad de género hoy es, en un sentido profundo, defender la democracia. Porque una sociedad donde la mitad de la población vive con menos derechos que la otra mitad no es plenamente democrática, por más elecciones libres que celebre. El futuro se construye desde el Estado, sí, pero un Estado empujado por la sociedad organizada.